Los titulares en los principales órganos de comunicación en el primer día del año 2004 anunciaban que todos los estadounidenses que desembarcaran en Brasil deberían ser fotografiados y tener sus impresiones digitales registradas por la Policía Federal. No se piense que se trataba de una decisión del gobierno en respuesta a idénticas determinaciones en los Estados Unidos. Dicha disposición resultó de una preliminar de un juez federal de Mato Grosso, aceptando una acción promovida por un procurador del Ministerio Público Federal.
La decisión del juez provocó un apasionado debate y dividió opiniones. De un lado, se colocaron los que se sintieron vengados, evocando principios de dignidad y sin esconder un ardoroso nacionalismo. De otro, se reunieron los que vieron en la actitud del magistrado una amenaza infantil, la búsqueda de notoriedad fácil, tachándolo de xenófobo, vengativo y ajeno a las consecuencias de su medida en el flujo de turismo y en la entrada de divisas de ahí derivadas.
A pesar de las controversias apasionadas y del fundamento sustantivo y legal de la sentencia — principio de la reciprocidad en las relaciones entre Estados —, este hecho está lejos de ser aislado y se suma a una larga serie de participaciones del Poder Judicial y de sus integrantes en decisiones administrativas y en políticas públicas, especialmente después de la Constitución de 1988. Esta participación política coloca en discusión uno de los temas más relevantes del modelo institucional adoptado en el país: la capacidad de actuar políticamente por parte de integrantes del Poder Judicial, sea cuestionando, sea paralizando políticas y actos administrativos aprobados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, o inclusive determinando medidas independientemente de la voluntad expresa del Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria.
Este texto tiene por objeto examinar las condiciones legales, el contexto y las consecuencias de que el Poder Judicial y la magistratura se hayan constituido en actores políticos. Para eso, la exposición se dividirá en seis ítems. En el primero, se presentarán y analizarán los imperativos constitucionales e institucionales que propician la participación de jueces en el terreno público. En el segundo ítem, destacamos las principales características del Poder Judicial brasileño, particularmente después de la aprobación de la Constitución de 1988. El tercer ítem expone las principales críticas al Poder Judicial y busca elaborar un diagnóstico de las deficiencias en la prestación jurisdiccional. En el cuarto, se discuten las propuestas que han sido presentadas sobre la reforma del Poder Judicial. La posición de la magistratura sobre los principales aspectos que obran en los proyectos de reforma está resumida en el quinto ítem, así como su entendimiento sobre temas relacionados con el activismo judicial. Finalmente, se discutirán las perspectivas a mediano y largo plazo en lo que se refiere al Poder Judicial y a la magistratura, teniendo en cuenta el contexto político inaugurado en 2003, con la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.